Jul
Advocacy, Human Rights
Carta de representantes para el Secretario de Estado Antony Blinken
(IN ENGLISH HERE)
Los representantes Mark Pocan y Jim McGovern, junto a otros 15 representantes demócratas, enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiéndole que intervenga para la liberación de los defensores de Santa Marta, arrestados en enero de este año.
La carta dice lo siguiente:
Estimado Secretario Blinken,
Escribimos para expresar nuestras serias preocupaciones con respecto al arresto el 11 de enero de 2023 de cinco líderes comunitarios del norte de El Salvador que se encontraban entre los Defensores del Agua que lideraron el esfuerzo exitoso para aprobar una ley histórica que prohíbe la minería de metales en El Salvador en 2017. Hay fuertes indicios de que el actual gobierno salvadoreño pretende derogar esa ley y nos preocupa que estos arrestos tengan motivaciones políticas y pretendan silenciar la abrumadora oposición a la minería en el país. También nos preocupa que a estos hombres se les haya negado su derecho fundamental al debido proceso. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que envíe un mensaje público claro pidiendo su liberación de la prisión preventiva y que los cargos contra los acusados sean desestimados.
Los cinco hombres en cuestión son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco, y Saúl Agustín Rivas Ortega. Los cinco Defensores del Agua han sido acusados de crímenes que supuestamente tuvieron lugar hace 33 años durante la guerra civil salvadoreña. Dos de los cinco son dirigentes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES-Santa Marta) en el norte de El Salvador, que ha colaborado con comunidades en los Estados Unidos para construir sistemas de agua, difundir la agricultura orgánica y abordar la violencia en sus comunidades. Sus esfuerzos para proteger las cuencas hidrográficas de El Salvador le valió a su coalición nacional el prestigioso premio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos Letelier-Moffitt en 2009.
En los últimos años, el gobierno salvadoreño ha tomado varias medidas que indican un deseo de derogar la histórica prohibición de minería de metales de 2017. Los cinco Defensores del Agua comenzaron a hablar en contra de esos pasos el año pasado, y en enero de 2023, fueron arrestados repentinamente y acusados de un presunto delito de hace décadas. La Procuraduría General de la República de El Salvador solicitó y obtuvo reserva completa de las diligencias. Sin embargo, la información de las declaraciones de la fiscalía en los días inmediatamente después de los arrestos indica que probablemente hay muy poca evidencia para conectar a los Defensores del Agua con los presuntos delitos.
También tenemos preocupaciones significativas con respecto al manejo por parte del Fiscal General salvadoreño de su caso. El 9 de marzo, los cinco fueron trasladados a una prisión permanente en Ilopango donde se le ha negado el acceso a cualquier visitante externo, incluidos sus familiares y su abogado, por lo tanto negándoles su derecho básico al debido proceso. También es muy preocupante que los cinco defensores permanecen en prisión preventiva a pedido de la fiscalía, especialmente considerando las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario salvadoreño que las Naciones Unidas y otros han documentado (1). Considerando la edad avanzada y las condiciones de salud de varios de los imputados, creemos que el uso de la prisión preventiva es innecesariamente punitivo y puede poner en peligro su seguridad y bienestar.
En este sentido, le instamos a apoyar los esfuerzos de tres relatores especiales de las Naciones Unidas, así como del Vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que han planteado “grave preocupación por el supuesto uso indebido de la ley penal en contra de los defensores de derechos humanos”. Señalan además: “Tememos que el caso sea un intento de amedrentar a quienes buscan defender el medio ambiente en su país, y en especial a quienes defienden los derechos humanos de aquellos que se ven afectados negativamente por la minería”. (2)
Los cinco Defensores del Agua son todos excombatientes del FMLN durante la guerra civil, período en el que se alega que los crímenes han tenido lugar. Numerosas organizaciones internacionales y expertos han argumentado que sus arrestos violan la Reconciliación Nacional de El Salvador Ley de 1992, que siguió al histórico Acuerdo de Paz de 1992, cuyas violaciones son una seria preocupación para el gobierno de los EE.UU.(3)
Dadas estas preocupaciones, le instamos a apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad de los Defensores del Agua, para hacer eco de los llamados a su liberación de la prisión preventiva, y que los cargos contra ellos sean desestimados, y dejar clara esta posición al pueblo salvadoreño.
Gracias por su tiempo, y esperamos su respuesta.
